El exalcalde de Sada, el betanceiro Ernesto Anido, del Partido Popular, aseguró hoy que se dará de baja en el PP «pero solo un poquito, la puntita nada más» tras abrírsele juicio oral por prevaricación. Y es que Anido, en cuya etapa en la alcaldía de la Perla das Mariñas se lograron hitos tales como el chuchunazo, el Paseo de la fama o la instalación de un tiovivo, tendrá que sentarse en el banquillo acusado de cometer un delito de «prevaricación administrativa continuada» en el proceso de contratación de la coordinadora general. El Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos decretadó la apertura de juicio al ver indicios de que el exregidor pudo haber amañado esta contratación con la ayuda de la aspirante seleccionada.
La Fiscalía pide para Ernesto Anido nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La acusación particular, el PDSP, el partido del controvertido Ramón Rodríguez Ares, su antiguo socio de Gobierno con quien dijo que «nunca» pactaría, solicita elevar esa pena a diez. La ya excoordinadora, Belia Vellón, por su parte, se enfrenta a cargos por prevaricación y tráfico de influencias. El Ministerio Público acusa a ambos de «actuar conjuntamente y con grave daño para el buen funcionamiento de la Administración» al «pergeñar el modo de lograr la contratación de la acusada».
Anido mostró recientemente su intención de regresar a la alcaldía de Sada empleando el bastón de Saruman. Ante este nuevo proceso judicial contra su persona, ha optado por darse de baja en el PP pero conservando su cargo de portavoz popular en Sada. «Me doy de baja en el PP pero un poquito… o sea, sí pero no, por coherencia y en consonancia con toda mi trayectoria política», explicó el exalcalde, que asegura tener «la conciencia muy tranquila».
La juez obliga a los dos acusados a abonar en el plazo de un día una fianza de 18.999 euros por el coste de esta contratación para las arcas públicas. En caso de no hacerlo, se enfrentarían al embargo de sus bienes. La creación del puesto generó polémica y suspicacias desde el principio. La oposición cuestionó desde el primer momento la necesidad de este puesto, que tendría unos emolumentos de unos 70.000 euros.
