La probable llegada de Feijóo a la presidencia del PP sitúa al narco Marcial Dorado como ministro de Consumo. Así lo apuntan fuentes populares, que dan por hecha la marcha de Pablo Casado de la formación conservadora. Recientemente, Rick Moranis abandonó la portavocía nacional y Carroñero dejó el partido. ”Marcial es la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo y de consumo sabe un rato”, explicaron las mismas fuentes.
Votantes de VOX exigieron ayer la beatificación de Ayuso como «santa madrina» del partido de extrema derecha, tras el escándalo de los pagos por comisiones a su familia. La presidenta madrileña, acusada de tráfico de influencias por el PP, desató un guerra en el seno del PP entre ella y Pablo Casado. «Gracias a ella VOX está subiendo como la espuma», declararon desde la formación de Santiago Abascal.
Recientemente, fuentes del Partido Popular -condenado por corrupción- culparon desde su sede de Génova -pagada en B- a Pablo Iglesias de los casos de corrupción, espionaje y malversación del PP. Los populares echaron la culpa a Pablo Iglesias del escándalo de Ayuso, que dio un contrato a dedo a su hermano y una comisión por la compra de mascarillas en plena pandemia. Ayuso acusó a Pablo Casado de espiarla y de tratarla de forma cruel. «La culpa de todo es como siempre de Pablo Iglesias», señalaron desde el PP. El exvicepresidente segundo de España, por su parte, declinó realizar declaraciones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitió que la relación comercial entre la empresa Priviet Sportive SL., a la que su Gobierno adjudicó un contrato de 1,5 millones de euros y su hermano existió y que Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión de 286.000 euros que regularizó ante Hacienda. La dirección del Partido Popular abrió un expediente a Ayuso, tal y como informó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que también acusó a la presidenta madrileña de «ataques, infundios y calumnias» hacia Génova.
El presidente del Partido Popular defendió que cuando recibió la información sobre un supuesto cobro de Tomás Díaz Ayuso en un contrato del Ejecutivo regional, inició un proceso interno para conocer lo sucedido, aunque descartó que se hiciera a través de detectives o que el contrato proviniese de Moncloa, como alegó Ayuso. Justificó esta investigación interna en que debía dilucidar si hubo «tráfico de influencias» en la adjudicación de ese contrato y ante la sospecha de que el amigo de la familia que se llevó el contrato, Daniel Alcázar, pudo haber actuado de «testaferro» del hermano de la presidenta.
