Media docena de colectivos por los derechos de los primates exigieron ayer en una manifestación en Madrid que se deje de «insultar a los monos» en el caso de Vinicius Júnior. Este jugador del club merengue recibió insultos racistas en el partido del domingo pasado contra el Valencia. Además, los animalistas solicitaron medidas cautelares y exigieron «justicia» ya que «comparar a los monos con este jugador supone insultarlos» de forma implícita. «Tanto los monos como las demás especies de primates son los animales más inteligentes que existen y nosotros mismos, los seres humanos, no somos sino otra especie más», explicaron desde la plataforma Monos es Más.
«Es intolerable, no puede ser. Hay que velar por la protección de estos inocentes animales «, señaló Diego Fajardo, de la Asociación de Amigas dos Primates de Santiago de Compostela. «No lo vamos a consentir de ninguna manera, llegaremos al Supremo si es necesario», añadió Fajardo, cuya entidad acaba de pedir medidas cautelares «para todas las miles de personas que se pusieron a imitar a un mono haciendo ruido cuando se produjo el altercado con ese jugador» en el estadio de Mestalla.
El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol decidió sancionar al Valencia con el cierre durante cinco partidos de la grada Kempes de Mestalla, aquella desde la que se profirieron los insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior. El castigo, al que se añaden 45.000 euros de multa, es el más duro que ha recibido un club por comportamiento racista de sus aficionados. Pero podría ser aún mayor si la Justicia decide sancionar al club de fútbol valenciano por ofensas a los primates.
«Deles quen se acorda, ostia, xa está ben de tanta inxustiza coas minorías asoballadas e cos monos, que son animais fermosos e cunha gran sensibilidade» declararon desde la Rede de Simios LGTBI. En España, tras la reforma de la Ley de bienestar animal, las ofensas y el daño moral a los animales son delitos penales sancionados con multas que oscilan entre los 100.000 y los 900.000 euros y castigos a prisión de entre cinco y doce años.
